Director de la DGII dice que retenciones no pagadas constituyen un delito tributario

El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, lanzó una clara advertencia sobre las consecuencias legales del incumplimiento fiscal en el país, enfatizando que el no pago de los impuestos retenidos supera el ámbito de una falta administrativa para convertirse en un delito tributario penal.

Al abordar las acciones de la institución contra el fraude, el titular de la DGII explicó la gravedad de retener ITBIS o Impuesto sobre la Renta y no reportarlo a la administración.

“La DGII no persigue de manera antojadiza, pero sí estructura expedientes firmes contra quienes cometen delitos tributarios”, puntualizó, haciendo hincapié en que la evasión no solo afecta las arcas del Estado, sino que contamina el sistema financiero formal.

Sobre las consecuencias legales del incumplimiento tributario, la consultora jurídica de la DGII, Juanita Canahuate, explicó que no todo incumplimiento constituye automáticamente un delito penal, aunque advirtió que puede escalar dependiendo de la intención del contribuyente.

“Cuando hay una intención dolosa de no pagar impuestos, entonces sí hay un delito”, indicó Canahuate, al calificarlo además como un precedente del lavado de activos. Sin embargo, Urrutia explicó que muchos contribuyentes caen en condición de omisos por la complejidad del sistema tributario y no necesariamente por intención de evadir impuestos.

Cierre de negocios, competencia justa y cero presiones

Con relación al cumplimiento de las normativas vigentes, Urrutia fue categórico al señalar que la institución mantendrá una postura estricta frente a los comercios que operan al margen de la ley. «Hemos cerrado negocios y seguiremos cerrando si hay incumplimiento de la ley», afirmó, argumentando que la misión central de su gestión es garantizar una competencia justa y nivelar la cancha para proteger a los sectores formales que sí cumplen con sus obligaciones.

Durante una entrevista en el programa Revista 110 Pedro Urrutia fue tajante al declarar que “la DGII no recibe presión de nadie”, dejando claro que la ley se aplica de manera equitativa.

 

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