Opinión

La Alianza para el Desarrollo en Democracia y la Corte Penal  Latinoamericana

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Por ROMMEL SANTOS DIAZ

 

La Alianza para el Desarrollo en Democracia tiene el reto de construir una agenda para la seguridad  regional  en materia de seguridad  para enfrentar  la delincuencia transnacional organizada  desde sus respectivos países.

El compromiso de la Alianza para el Desarrollo en Democracia con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el respeto y protección de los derechos humanos, como valores comunes que motivan esta importante Alianza  basada en varias declaraciones conjuntas de los países que la integran, resulta  relevante para  el desarrollo de una agenda regional contra el crimen  transnacional organizado.

Los países que integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia, según sus declaraciones conjuntas , están motivados por los avances de la Alianza y el contenido de una agenda enfocada a abordar los retos y desafíos  de los países frente a la agenda regional y global.

En el marco de lo expuesto anteriormente, le hacemos un llamado a la Alianza para el Desarrollo en Democracia a que exprese su apoyo a la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe  Contra el Crimen Transnacional Organizado como un componente esencial en la agenda regional de seguridad de los países de la Alianza.

La creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado tendiente a la persecución y el juzgamiento del crimen transnacional organizado como una respuesta institucional de avanzada que permita consolidar la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región deberá ser  un tema de mucha importancia en la agenda  regional de la ADD.

La propuesta de creación  de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe  contra el Crimen Transnacional Organizado impulsada  por Democracia Global  una Organización No Gubernamental de Argentina  podría ser  una brillante oportunidad para motivar a la República de Argentina  a integrarse a la Alianza para el Desarrollo en Democracia sobre la base de promover la creación de la Corte de referencia.  El Senado  de la República de Argentina  y la Cámara de Diputados han emitido resoluciones de apoyo a la creación de la COPLA.

Actualmente, la propuesta de creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen  Organizado  cuenta con el apoyo  de la Cámara de Diputados de la República de Paraguay, de la Eurolat, de la CELAC, Federación Latinoamericana de Fiscales, Parlamentarios para la Acción Global, MERCOSUR, Senado  y Cámara de Diputados de Argentina, y diversas organizaciones  civiles de  Latinoamérica y el Caribe.

Cabe destacar que en  el marco dela celebración  del Foro y Cumbre de Presidentes de Parlamentos del G20, se desarrolló  el evento ¨Hacia la creación de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado que reunió a numerosos parlamentarios de la región, embajadores y principales funcionarios argentinos , entre ellos , la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michelti, y los ex funcionarios : Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano : el Ministro de Relaciones Exteriores  y Culto, Jorge Faurie , y la Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Laura Alonso.

El contexto presentado anteriormente  revela los avances  del proyecto de creación de la Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado  a nivel regional, lo cual en nuestra opinión  es suficiente para que la Alianza para el Desarrollo en Democracia se aboque a  tomar en cuenta  en sus prioridades temáticas la propuesta de creación de esta importante Corte Penal  Latinoamericana.

La Alianza para el Desarrollo en Democracia  pudiera dar una respuesta adecuada  a desafíos regionales de esta magnitud significa, a la vez, un paso de avance en la autonomía de la región, una valiosa demostración de su capacidad de integración y una solución a problemas  concretos que sufren la mayoría de los  ciudadanos de la región de Latinoamérica y Caribe, especialmente los sectores más vulnerables.

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