Por J. Luis Rojas
La presión comunitaria y los riesgos ambientales hicieron inviable el Proyecto Romero.
San Juan de la Maguana acaba de protagonizar uno de los actos de defensa territorial más firmes de la historia reciente del país. No fue un simple rechazo a un proyecto minero: fue la afirmación colectiva de un principio de justicia ambiental frente a un modelo económico que, como advierte el papa Francisco, convierte territorios en zonas de sacrificio.
La Cordillera Central —la principal fábrica de agua del país, según estudios hidrológicos del propio Estado— sostiene presas, riego y acueductos. Pretender instalar una mina metálica en la cabecera del río San Juan implicaba intervenir un ecosistema donde la recarga hídrica y la estabilidad del suelo son extremadamente sensibles. La ciencia lo resume con claridad: “Instalar una mina metálica en la cabecera del río San Juan… significa intervenir un ecosistema donde la recarga hídrica y la estabilidad del suelo son extremadamente sensibles.”
Riesgos ambientales: una evidencia imposible de maquillar
La experiencia internacional es concluyente: la minería metálica en zonas de montaña incrementa la turbidez, altera caudales y eleva el riesgo de contaminación por metales pesados y drenaje ácido. Estos impactos pueden persistir durante décadas, incluso después del cierre de la mina. No es especulación; es un patrón documentado en países con regulaciones mucho más estrictas que las dominicanas.
Para que la minería sea viable sin comprometer recursos naturales no renovables, un país debe cumplir condiciones muy específicas: territorio amplio, instituciones fuertes, regulaciones estrictas, tecnología avanzada, transparencia, participación comunitaria y abundancia de agua. República Dominicana no cumple ese conjunto de requisitos; San Juan, menos aún.
El costo económico real: agricultura sostenible vs. minería efímera
San Juan es una despensa nacional. Produce habichuelas, maíz, arroz, hortalizas y ganado. Su valor productivo anual supera ampliamente los beneficios fiscales de una mina de vida útil corta. La agricultura genera riqueza sostenible; la minería, ingresos rápidos y costos ocultos que recaen sobre el Estado y las comunidades.
El Proyecto Romero habría provocado contaminación del agua, degradación de suelos agrícolas, disminución de la productividad del valle y desplazamiento de actividades económicas sostenibles. Habría generado conflictividad social y transformado un territorio agrícola en una zona de sacrificio donde los beneficios quedarían en manos de pocos y los impactos en manos de muchos.
La ley es clara: sin licencia ambiental ni licencia social, no hay minería
La Ley 146-71 exige viabilidad ambiental, económica y social. Su reglamento obliga a proteger la salud, el agua y la agricultura. Aunque el término “licencia social” no aparece literalmente, su espíritu está presente en los artículos que exigen garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas.
La licencia ambiental puede ser revocada si existe riesgo para el agua o la salud. La licencia social, en cambio, no se otorga por decreto: se gana con confianza y legitimidad. El texto lo sintetiza así: “La licencia ambiental exige demostrar que la explotación no comprometerá la recarga hídrica… La licencia social exige demostrar que la comunidad acepta el proyecto. Ninguna de las dos condiciones está satisfecha.”
GoldQuest nunca obtuvo aceptación comunitaria. Y no la obtuvo porque los dominicanos que protegen los recursos naturales no renovables conocen la historia minera del país, escrita con cicatrices, no con desarrollo.
Conflictos de interés y vocerías alquiladas: la indignación fue legítima
La revelación de que un accionista vinculado a GoldQuest era asesor del Ministerio de Energía y Minas generó un conflicto ético evidente. Según datos oficiales, Julio Ernesto Espaillat Lamarche figuró en la nómina del Viceministerio de Minas desde octubre de 2023 hasta febrero de 2026, con un salario de RD$175,000 mensuales. No hay eufemismos posibles: eso se llama conflicto de interés.
A ello se sumó la actuación de pseudos comunicadores que solo aparecen cuando hay dinero de por medio. Como señala el periodismo ético: “No investigan. No contrastan. No defienden el interés público.
Un historial minero que pesa
La explotación minera ha dejado en diversas comunidades de la República Dominicana un rastro de daños profundos y persistentes: en Cotuí, los pasivos ambientales de décadas continúan afectando la salud y el agua de comunidades enteras; en Bonao, la contaminación acumulada ha degradado ríos y suelos, alterando la vida agrícola y provocando conflictos sociales; en Barahona, la actividad extractiva ha generado tensiones comunitarias, deterioro ambiental y desigualdad económica. En todos estos casos, la minería ha producido más pobreza que desarrollo, más contaminación que bienestar y más abandono que progreso, demostrando que, en un país con ecosistemas frágiles y débil supervisión estatal, la actividad minera suele convertir los territorios en zonas de sacrificio donde las comunidades cargan con los costos mientras otros se quedan con los beneficios.
Cotuí, Bonao y Barahona son recordatorios dolorosos de los pasivos ambientales, la contaminación acumulada y los conflictos sociales que deja la minería en un país con ecosistemas frágiles y supervisión estatal débil. San Juan se negó a convertirse en la próxima víctima.
Sin lugar a duda, San Juan es agrícola, no minero. La minería de cielo abierto es propia de países con enormes extensiones de tierra. La República Dominicana no tiene ese margen; San Juan menos. Es un valle fértil, un reservorio de agua, una despensa nacional. No un experimento extractivo
El presidente Abinader tomó la decisión correcta
El 4 de marzo de 2026, el presidente Luis Abinader dispuso la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el Proyecto Romero. Fue una decisión basada en la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad ciudadana.
“Este Gobierno escucha… y cuando la ciudadanía expresa inquietudes, nuestro deber es actuar con prudencia y transparencia”, afirmó el presidente en su alocución.
Ahora corresponde a los ministros de Energía y Minas, Medio Ambiente, Hacienda y Economía, así como al Senado, respetar esa decisión en todas sus partes.
Ciudad tóxica: una advertencia que San Juan decidió escuchar
La miniserie Ciudad tóxica (Netflix, 2025) muestra cómo la falta de supervisión estatal y la opacidad institucional pueden desembocar en tragedias ambientales. Corby, Inglaterra, pagó con malformaciones congénitas la irresponsabilidad industrial. San Juan se negó a repetir esa historia.
Intervenir una zona vital para la seguridad hídrica y la producción agrícola del sur plantea un dilema ético y político que no admite ambigüedades. La defensa del agua y del suelo no es un capricho ambientalista: es una responsabilidad institucional y ciudadana.
Pese a lo dicho por el presidente, ojo avizor
Aunque el proyecto fue detenido, la vigilancia ciudadana debe continuar. San Juan habló con una sola voz: “Queremos agua, no oro.” Esa voz derrotó al entreguismo, al dinero fácil y a los discursos comprados.
La provincia desea seguir siendo el granero del sur. Y mientras exista riesgo para su agua y su futuro, existirá también la determinación colectiva de defenderlos.
Si el Gobierno y el sector privado desean impulsar a San Juan, la ruta es inequívoca: tecnificar la agricultura, invertir en riego eficiente, elevar la productividad y construir cadenas de valor orientadas a la exportación. El desarrollo no está en un socavón; está en la tierra fértil que ya sostiene vida y economía.
El extractivismo no es una estrategia viable para San Juan. Apostar por la minería sería hipotecar el futuro; apostar por la agricultura es multiplicarlo.
San Juan ha hablado con claridad, pero el desafío no ha terminado. Hoy más que nunca, las organizaciones, las comunidades y cada ciudadano consciente deben sostener la vigilancia activa frente a la insistente y perversa intención de GoldQuest y de sus aliados incondicionales de abrirle paso a un proyecto que amenaza la vida misma del valle. Lo que está en juego no es un debate técnico: es el derecho de un pueblo a proteger su agua, su dignidad y su futuro. Que nadie se confunda: mientras exista riesgo para San Juan, existirá también la determinación colectiva de defenderlo. Esa fuerza moral —la de un territorio que se sabe valioso y se sabe vivo— es la que debe guiar las acciones en los días por venir, si fuese necesario.
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