Pescadores de Barahona denuncian “atropello” tras demolición de casetas durante litigio judicial

El abogado Yuli Rocha, representante legal de pescadores y vendedores de productos del mar afectados por la demolición de sus casetas en el malecón de Barahona, calificó la actuación de las autoridades como un “atropello” y una violación al debido proceso, al asegurar que el caso permanece bajo conocimiento de los tribunales y aún no existe una decisión judicial definitiva.

Las declaraciones fueron ofrecidas este viernes, mientras brigadas intervenían el área donde durante casi cuatro décadas han operado los establecimientos comerciales, en los alrededores del puerto turístico que construye el Ministerio de Turismo.

Rocha afirmó que las instituciones involucradas fueron notificadas formalmente sobre la existencia de un proceso judicial, por lo que, a su juicio, la demolición no debió ejecutarse hasta que un tribunal emitiera una decisión.

“No nos oponemos a la obra ni al desarrollo del puerto turístico. Lo que reclamamos es que se respete el Estado de derecho y el debido proceso. Estas familias tienen un expediente abierto en los tribunales y las autoridades conocían esa situación”, expresó

El jurista sostuvo que la Policía Nacional fue enviada al lugar sin la documentación correspondiente que, según dijo, justificara el uso de la fuerza pública para ejecutar la intervención.

Afirmó que conversó con el oficial al mando y le solicitó actuar conforme a los procedimientos institucionales, tras insistir en que el conflicto no constituye un asunto personal, sino un proceso sujeto al conocimiento de la justicia.

“Lo correcto era esperar que los tribunales decidieran. Las instituciones notificadas conocen que existe un proceso judicial en curso. Sin embargo, procedieron con la demolición”, manifestó.

“Son familias que viven de la pesca”

Rocha defendió que los afectados no rechazan la construcción del puerto turístico, sino que demandan una reubicación que les permita continuar obteniendo el sustento de sus familias.

Recordó que los pescadores y comerciantes llevan 39 años desarrollando sus actividades en ese espacio y que, durante la gestión de Francisco Javier García al frente del Ministerio de Turismo, fueron construidas casetas como parte del proyecto del Bulevar Turístico y Cultural María Montez.

Según explicó, el propio Estado los ubicó en ese lugar, por lo que entiende que corresponde al Estado ofrecer una solución antes de desalojarlos.

“Son hombres humildes que se levantan a las cuatro de la mañana para salir a pescar. No se oponen al desarrollo; solo piden que se respeten sus derechos y que el Estado les garantice una reubicación digna”, sostuvo.

Rechazan propuesta de traslado

Los comerciantes indicaron que las autoridades les han propuesto ser trasladados a un área ubicada detrás del hotel Guarocuya, próximo al hotel Costa Larimar, antiguo Riviera.

Sin embargo, rechazaron esa alternativa al considerar que la zona presenta problemas de inseguridad, con denuncias de atracos, así como venta y consumo de drogas, condiciones que, según afirman, pondrían en riesgo tanto a los vendedores como a sus clientes.

Demanda continúa en los tribunales

El abogado informó que el proceso judicial incluye un referimiento en suspensión cuya audiencia ha sido aplazada en varias ocasiones y que las instituciones involucradas —entre ellas el Ministerio de Turismo, la Policía Nacional, la Gobernación Provincial y el Ayuntamiento Municipal— fueron notificadas formalmente sobre la existencia del litigio.

Indicó que, tras la demolición de las casetas, interpondrán nuevas acciones judiciales y reclamarán las indemnizaciones que entienden corresponden por los daños ocasionados.

“Ahora corresponde acudir nuevamente a los tribunales para que determinen las responsabilidades y las reparaciones a que haya lugar”, afirmó.

Proyecto del puerto turístico

Desde hace aproximadamente tres años, el Gobierno desarrolla la construcción del puerto turístico de Barahona, considerado una de las principales obras para impulsar el desarrollo de esta provincia como de toda la zona Suroeste.

Como parte del proyecto, el Ministerio de Turismo recibió la transferencia del antiguo Campus I del Recinto UASD Barahona, ubicado frente al área de construcción, instalación que será utilizada como sede de la Comandancia de Puerto de la Armada de República Dominicana (ARD).

La intervención ha generado diferencias entre las autoridades y algunos pescadores y vendedores de productos del mar, quienes sostienen que respaldan la obra, pero reclaman que cualquier desalojo o reubicación se realice respetando el debido proceso y las garantías constitucionales.

 

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