
Por: Leydi Vásquez
La libertad de expresión no fue un regalo de los gobiernos. Fue una conquista de los pueblos. Costó sacrificios, persecuciones y años de lucha para que hoy un ciudadano pudiera expresar una opinión y un periodista pudiera investigar sin pedir permiso al poder.
Por eso, cada vez que surge una iniciativa que genera preocupación sobre posibles límites al ejercicio periodístico, el país tiene la obligación de detenerse y reflexionar. No se trata de defender el libertinaje ni de justificar la difamación. Se trata de proteger uno de los principios más importantes de cualquier democracia: el derecho de los ciudadanos a saber.
La controversia en torno al proyecto que muchos han denominado “Ley Mordaza” ha encontrado una fuerte resistencia en amplios sectores de la comunicación. No porque los periodistas crean estar por encima de la ley, sino porque entienden que cualquier norma que pueda generar temor al momento de investigar o denunciar termina debilitando el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder.
La historia demuestra que ningún caso de corrupción salió a la luz porque un funcionario decidió denunciarse a sí mismo. Han sido periodistas, medios de comunicación y ciudadanos quienes, con documentos, investigaciones y testimonios, han destapado hechos que de otra manera habrían permanecido ocultos.
Quienes administran el estado deben comprender que la crítica no es un ataque personal. Es parte del precio de ocupar un cargo público. Gobernar significa tomar decisiones que serán examinadas por la sociedad, y ese examen no puede depender de la autorización de quienes están siendo cuestionados.
Una prensa con miedo deja de investigar. Una prensa que deja de investigar permite que la opacidad encuentre terreno fértil. Y donde la transparencia desaparece, la corrupción encuentra espacio para crecer.
Las autoridades tienen derecho a defenderse cuando una información es falsa, pero también tienen el deber de aceptar el escrutinio cuando las denuncias están sustentadas en hechos. Ese equilibrio es el que fortalece las instituciones y genera confianza en la ciudadanía.
Hoy el debate no debe centrarse únicamente en una ley. Debe centrarse en el país que queremos construir. ¿Uno donde el periodista piense dos veces antes de publicar una investigación por temor a las consecuencias? ¿O uno donde la verdad, aunque resulte incómoda, siempre tenga un espacio para salir a la luz?
Silenciar nunca ha sido el camino para fortalecer una democracia. Las naciones más sólidas no son aquellas donde nadie critica al poder, sino aquellas donde el poder acepta ser fiscalizado.
Porque cuando una sociedad comienza a tener miedo de hacer preguntas, deja de avanzar. Y cuando un periodista pierde la libertad de investigar, no pierde solo él: pierde todo un país.


