La tragedia que pudo evitarse y que hoy exige justicia, no tecnicismos.
Por J. Luis Rojas
La madrugada del 8 de abril de 2025 no fue simplemente una tragedia: fue la confirmación brutal de un patrón que la sociedad dominicana conoce demasiado bien. El colapso del techo de la discoteca Jet Set —que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, según los reportes oficiales divulgados en los días posteriores— no fue un accidente, ni un imprevisto, ni un acto de la naturaleza. Fue la consecuencia directa de decisiones empresariales tomadas con una mezcla de avaricia, indiferencia y desprecio por la vida humana.
La reacción empresarial: negación, evasión y tecnicismos
Los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat, han reaccionado como históricamente lo han hecho muchos empresarios dominicanos cuando sus malas prácticas salen a la luz: negando, evadiendo, culpando a otros y refugiándose en tecnicismos jurídicos. Su defensa de “homicidio involuntario” no solo es una burla a la inteligencia colectiva; es una ofensa a las familias que perdieron a sus seres queridos bajo un techo que llevaba años dando señales de colapso.
Todos los informes, tanto formales como informales, coincidían en un punto esencial: la situación estructural del Jet Set exigía detener sus operaciones y realizar las mejoras que su deterioro reclamaba con urgencia. Aun así, los empresarios Antonio y Maribel Espaillat optaron por ignorar las recomendaciones técnicas y profesionales que se les presentaron. En otras palabras, la seguridad de las personas que acudían al establecimiento nunca fue una prioridad; lo único verdaderamente importante era mantener el flujo de dinero.
El testimonio que derrumbó la narrativa empresarial
Los testimonios presentados en la audiencia preliminar —incluyendo los de familiares de las víctimas— contradicen de manera frontal la narrativa de los Espaillat. Pero fue el testimonio del señor Gregory Adames, excolaborador del establecimiento y sobreviviente del siniestro, el que terminó de dinamitar la versión empresarial. Adames declaró haber advertido a la gerencia, horas antes del derrumbe, sobre filtraciones, desprendimientos y fallas estructurales. Y no era la primera vez: según su propio relato, llevaba ocho años reportando problemas similares.
“Usted no tiene discoteca”. Con esta frase, el empresario Antonio Espaillat desestimó las advertencias que Gregory Adames le hizo sobre el estado crítico del techo del Jet Set. Para responder así, ante un colaborador que intentaba evitar una tragedia, se necesita una mezcla alarmante de indiferencia moral y desprecio por la vida humana. No se trataba de una queja menor ni de un capricho técnico: era un llamado urgente para prevenir la muerte de 236 personas. Ignorarlo revela no solo irresponsabilidad empresarial, sino una profunda fractura ética.
De advertencias ignoradas a negligencia consciente
Cuando un empleado advierte durante años, y cuando horas antes de la tragedia vuelve a alertar sobre un riesgo inminente, ya no se habla de accidente. Se habla de negligencia consciente. En ese punto, la línea entre descuido y responsabilidad criminal deja de ser difusa: se convierte en una evidencia moralmente irrefutable.
El reclamo de los familiares de los muertos y heridos del Jet Set es el mismo que hoy exige la sociedad dominicana: justicia real, no excusas técnicas ni maniobras legales diseñadas para proteger a quienes están dispuestos a vender su dignidad —y la vida de otros— a cambio de dinero.
Intimidación, presiones y el miedo de un testigo clave
Desde que declaró, Adames ha expresado temor por su seguridad. Y no es casualidad. La estrategia de los imputados —según han denunciado familiares y representantes legales— ha incluido tácticas de intimidación, presiones y presuntos intentos de comprar silencios incómodos. En un país donde la institucionalidad es frágil, el dinero suele convertirse en un arma capaz de torcer voluntades, manipular procesos y blindar a quienes tienen poder económico.
Personajes del sector empresarial dominicano están acostumbrados a hacer lo que sea necesario cada vez que incurren en bellaquerías de distinta índole y no quieren que la opinión pública conozca, cuestione o debata sus actos. Son individuos que mienten con una sonrisa ensayada, dominan el arte de la manipulación y recurren a mañas cuidadosamente calculadas. Se envuelven en trajes costosos no para proyectar profesionalismo y decencia, sino para disfrazar sus mentiras y encubrir sus malas prácticas gerenciales.
Un ecosistema empresarial acostumbrado a la impunidad
El caso Jet Set no ocurre en el vacío. En los últimos años, múltiples informes de organizaciones de transparencia han señalado la alta incidencia de corrupción empresarial vinculada a permisos, inspecciones y regulaciones urbanas. En 2024, por ejemplo, un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la UASD advirtió que más del 60 % de los establecimientos de entretenimiento nocturno operaban con deficiencias estructurales o permisos vencidos. El Jet Set no era la excepción; era parte de un ecosistema donde la ley se cumple solo cuando conviene.
El material del que están hechos los hermanos Espaillat es el mismo que ha moldeado a ciertos empresarios que han acumulado riqueza negociando con las pensiones de los trabajadores (AFP) y con la salud de los ciudadanos (ARS). Se trata de una clase empresarial que, según múltiples analistas y estudios críticos, opera con una profunda carencia de ética, sin sentido de responsabilidad social y comportándose como si fuesen los verdaderos dueños de la República Dominicana.
Como ha señalado el periodista Esteban Rosario en su libro Los dueños de la República Dominicana, los grandes grupos económicos ejercen un control determinante sobre el país y sus instituciones. Según su análisis, estos conglomerados disfrutan de privilegios estatales excepcionales: reciben incentivos, exoneraciones, protección política y un nivel de impunidad que erosiona la confianza pública. Violentan leyes sin enfrentar consecuencias, quiebran bancos y el Estado los rescata, mientras el Congreso Nacional y los partidos políticos terminan subordinados a sus intereses.
El costo humano que no puede ser borrado
Pero esta vez, el costo humano fue demasiado alto para permitir que el caso se diluya en el olvido o en las marrullas mediáticas y económicas que los empresarios Espaillat han desplegado sin pudor. A juzgar por las actuaciones ilícitas y las jugadas sucias que ejecutan muchos de los viejos y nuevos empresarios dominicanos, cualquiera pensaría que su corazón no es un órgano muscular hueco del tamaño de un puño, sino un metal endurecido, casi inquebrantable, como el tungsteno.
Ojalá que en la República Dominicana existieran escuelas de negocios capaces de formar a la presente y futura generación de empresarios en el valor y el respeto por todas las dimensiones de la vida: humana, animal y vegetal. Porque un país no necesita más gerentes obsesionados con la rentabilidad inmediata, sino líderes empresariales que comprendan que la riqueza verdadera se construye protegiendo la vida, no explotándola. La ética, la responsabilidad social y el compromiso con el bien común deberían ser pilares fundamentales de cualquier formación empresarial, no simples adornos discursivos para informes corporativos.
Una tragedia anunciada que pudo evitarse
La tragedia del Jet Set no fue un rayo caído del cielo. Fue una advertencia ignorada, una grieta
maquillada, una filtración burlada, una decisión empresarial tomada con la frialdad de quien está convencido de que jamás pagará las consecuencias. Por eso duele e indigna tanto. Este caso representa una oportunidad histórica para que la justicia dominicana y la sociedad en su conjunto demuestren que realmente les interesa fortalecer una institucionalidad que lleva décadas debilitada.
Si los empresarios Espaillat hubiesen escuchado con atención las advertencias que Gregory Adames les hizo de manera reiterada sobre el estado deplorable de la estructura del Jet Set —así como los señalamientos que en vida les hizo el propio artista Rubby Pérez—, hoy las 236 personas que murieron seguirían vivas y cientos de familias no estarían cargando el peso insoportable de la pérdida física de sus seres queridos.
Todo está claro: para los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, el dinero ha sido más importante que la vida humana. Su indiferencia ante las advertencias, su negativa a actuar y su obsesión por mantener el negocio abierto a toda costa revelan una escala de valores profundamente distorsionada, donde la seguridad de las personas nunca ocupó un lugar real en sus prioridades.
Dicho en palabras llanas, la actitud asumida por los hermanos Espaillat frente a las reiteradas voces de alerta de Gregory Adames constituye una prueba irrefutable de la avaricia que caracterizaba la gestión de los dueños del Jet Set. Su indiferencia ante advertencias tan graves no solo revela una falta absoluta de responsabilidad, sino también una escala de valores donde la vida humana quedó relegada frente al afán de lucro.
Una prueba moral para la República Dominicana
Lo del Jet Set duele porque 236 vidas no debieron apagarse bajo un techo que llevaba años anunciando su colapso. Duele porque más de 180 familias siguen cargando heridas físicas y emocionales que no sanarán jamás. Duele porque un país entero vuelve a mirarse en el espejo de su propia fragilidad institucional. Pero duele, sobre todo, porque esa tragedia pudo evitarse.
La sociedad dominicana no puede permitir que este caso se convierta en otro expediente archivado, otra historia de impunidad, otro capítulo donde el dinero gana y la verdad pierde. Los familiares de las víctimas no pueden caminar solos. El país no puede mirar hacia otro lado. Si esta tragedia queda impune, entonces el mensaje será devastador: en República Dominicana, la vida vale menos que el dinero.
Preguntas que esperan respuestas
¿Permitirá la sociedad dominicana que el poder económico vuelva a imponerse sobre la verdad y la justicia?
¿Qué ocurrió con las supervisiones técnicas continuas que debieron realizar al Jet Set instituciones del Estado como el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Alcaldía del Distrito Nacional?
¿Hasta cuándo el Estado dominicano mantendrá el “vacío legal” en la supervisión de obras y edificaciones privadas, responsabilidad que debería asumir el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Ojalá que no sea después de otra tragedia similar a la del Jet Set.
Tras los testimonios devastadores presentados en la audiencia preliminar, ya no queda margen para el maquillaje jurídico: el Ministerio Público tiene en sus manos evidencia suficiente para reclasificar el caso Jet Set como homicidio voluntario.
Insistir en llamarlo “negligencia” es una burla a los muertos y un insulto a los sobrevivientes. Mantener una imputación que solo acarrea meses de cárcel equivale a blindar a los responsables y abandonar a las víctimas.
Cuando se conoce el peligro, se advierte una y otra vez y aun así se decide no actuar, no estamos ante un accidente: estamos ante la aceptación consciente de un riesgo mortal. Y una conducta así exige una respuesta penal proporcional al daño causado.
Porque donde no hay justicia, tampoco hay libertad ni seguridad —ni individual ni colectiva—Una sociedad que tolera la impunidad termina normalizando el abuso, debilitando sus instituciones y dejando a sus ciudadanos a merced de quienes creen que la vida humana es un costo asumible.
La ciudadanía como último muro de contención
Dicho en otras palabras, la tragedia del Jet Set pudo evitarse. No fue un accidente. Fue la consecuencia directa de decisiones empresariales guiadas por la avaricia y la devoción ciega al dinero. Por eso, la ciudadanía no puede abandonar a los familiares de los 236 muertos y más de 180 heridos. La justicia no puede ser un privilegio reservado para quienes pueden comprarla.
El caso Jet Set no debe convertirse en otro expediente archivado ni en otra historia de impunidad. Es una prueba moral para el país. Es, también, un recordatorio de que cuando la ciudadanía se organiza y acompaña a las víctimas, la verdad encuentra caminos que ni el dinero ni el poder pueden bloquear.
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